jueves, 25 de agosto de 2011

SENTENCIA DICTADA EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA MARÍA LLONTOP DE BERNABE, POR EL DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL – LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE : 04395-2010-95-1708-JR-PE-01.
ESPECIALISTA : MATILDE R. SAMPEDRANO DURANGO.
IMPUTADO : MARÍA LLONTOP DE BERNABE.
DELITO : VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
AGRAVIADO : ESTADO.



SENTENCIA DE CONFORMIDAD


LAMBAYEQUE, VEINTICINCO DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL ONCE.-
RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS.

VISTOS Y OIDA: La presente causa en audiencia pública:
1. IDENTIFICACION DE LA PROCESADA:
MARÍA LLONTOP DE BERNABE, identificada con documento nacional de identidad numero 17520254, natural de Lambayeque, domiciliada en la Av. A. B. Leguía No. 267 - Lambayeque, casada, de sesenta y seis años de edad, nacida el día veintiuno de Enero de mil novecientos treinta y cinco, hija de Ceferino Llontop y Agueda, ama de casa, no tiene cicatriz ni tatuajes y no registra antecedentes penales.
2. PRETENSIÓN PUNITIVA:
Mediante acusación fiscal el Ministerio Público formalizó su pretensión punitiva, mediante la atribución de los hechos, calificación Jurídica y petición de pena que a continuación se indican:

2.1. Teoría del caso de la fiscal.- En el alegato preliminar la Fiscalía señaló que María Llontop de Bernabé mediante acta de Asamblea de la Comisión Liquidadora de la Cooperativa de Servicios Ahorros y Créditos San Pedro - Lambayeque, ratificó los acuerdos del acta de asamblea de fecha tres de Octubre del año dos mil nueve y se acordó independizar en sub lotes los inmuebles de la calle Junín 675 y Bolívar 148, haciendo de esta forma caso omiso a lo ordenado por la Juez del Juzgado Mixto de Lambayeque, mediante las resoluciones números cuarenta y tres y cuarenta y nueve del Expediente 417-2006; en las cuales se ordenó “la abstención de cualquier acto de disposición de los bienes de la Cooperativa” y se resolvió “desconocer el acta de asamblea general y requerir que los directivos de la Comisión Liquidadora cumplan con informar al Juzgado sobre futuras convocatorias de asambleas que realicen a fin de que el Juzgado tome conocimiento de los mismos y ejerza sus funciones de control conforme a ley”, respectivamente.
2.2. Calificación jurídica.- El supuesto fáctico antes descrito ha sido calificado jurídicamente por la fiscalía como delito contra la administración pública, en la modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad, en agravio del Estado, tipificado en el artículo 368 del Código Penal.
3. PETICIÓN DE PENA El Ministerio Publico solicita por ello se le imponga dos años de pena privativa de libertad y el pago de cuatro mil nuevos soles por concepto de reparación civil.

4. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA.
4.1. Teoría del caso de la defensa. Por su parte, la defensa del imputado informó que su patrocinada se va acoger a la conclusión anticipada del juicio e informó que previamente ha conferenciado con la Representante del Ministerio Publico y han llegado a un acuerdo respecto a la pena y reparación civil a imponer.
4.2. Posición de la acusada.
Se le informó a la acusada de sus derechos y posteriormente se le preguntó si admitía ser autor o participe del delito materia de acusación, quién contestó que si admitía los cargos.
Luego la Fiscal sustentó el acuerdo celebrado en los términos siguientes:
ACUERDO:
Se acordó una pena de dos años de pena privativa de la libertad; la misma que debe ser reducida en un séptimo de en virtud del acuerdo plenario No.5-2008/CJ-116, IV-Pleno jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial de la Corte Suprema; suspendida en su ejecución, por el periodo de prueba de un año y la imposición de las reglas de conductas señaladas en el artículo cincuenta y ocho del Código Penal.
Del mismo modo se acordó el pago de quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil, los cuales serán cancelados en el día de realización del juicio oral
Preguntados la acusada y su abogado defensor, éstos expresaron su conformidad con el mismo.

Habiendo concluido el debate, el Juez, comunicó la aprobación del acuerdo y suspendió la audiencia para el veinticinco de Agosto del año en curso, a las trece horas con treinta minutos, a fin de dar lectura a la sentencia de conformidad, con las partes que asistan a las mismas;

CONSIDERANDO:
PRIMERO: El delito contra la Administración Pública, en su modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 368 del Código Penal, se configura cuando el agente desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención.
SEGUNDO: El tipo penal antes referido se encuentra ligado al principio de “autoridad”, “en virtud del cual ciertos funcionarios públicos cuentan con ciertas potestades decisorias, que en la practica inciden en la creación, modificación y/o anulaciones de ciertas situaciones jurídicas – administrativas o en su caso, típicamente jurisdiccionales; dichos funcionarios se encuentran investidos de autoridad, es decir, sus mandatos y /o decisiones han de ser cumplidas y acatadas por los administrados o los usuarios de la administración de justicia, so pena de incurrir en la tipificación penal contenida en el artículo 368 del CP”.
TERCERO: El bien jurídico en el delito in examen es el normal y correcto funcionamiento de la Administración Publica.
CUARTO: HECHOS: Habiendo la acusada juntamente con su abogado defensor, celebrado un acuerdo con la Fiscal, respecto a la aplicación de un año, ocho meses y diecisiete días, de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, por el periodo de prueba de un año, asimismo respecto al pago de quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil, lo que significa la aceptación libre y voluntaria de los cargos materia de acusación.
El hecho incriminado y aceptado por el acusado, es que la acusada ha hecho caso omiso a las resoluciones números cuarenta y tres y cuarenta y nueve, expedidas por la Juez del Juzgado Mixto en el Expediente Judicial No. 417 – 2006, desobedeciendo de esta forma lo dispuesto por la citada magistrado.
QUINTO: JUICIO DE SUBSUNCION
Establecidos los hechos así como la normatividad jurídico penal pertinente, corresponde realizar el juicio de subsunción que abarca el juicio de tipicidad, juicio de antijuricidad y el juicio de imputación personal o verificación de culpabilidad.

5.1. JUICIO DE TIPICIDAD
El Ministerio Público ha subsumido la conducta de la acusada en el artículo 368 del Código Penal.
Es así que con relación al tipo objetivo se tiene lo siguiente:
El Sujeto Activo puede ser cualquier persona ya que el tipo no exige una cualificación especial en el agente.
El sujeto Pasivo es el Estado, “lo que no obsta a identificar sujetos pasivos de la acción, es decir, el funcionario publico, sobre quién recae la acción de resistencia, quienes han de contar legalmente con autoridad”
Respecto a la modalidad típica, la conducta imputada a la es la referida a la desobediencia a una orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones.
Tal como se ha señalado, la acusada ha aceptado la existencia de las resoluciones judiciales números cuarenta y tres y cuarenta y nueve en el proceso 417 -2006, las mismas que fueron expedidas por la Juez del Juzgado Mixto de Lambayeque y que ordenaban entre otras cosas: la abstención de cualquier acto de disposición de los bienes de la Cooperativa y desconocer el acta de asamblea general de fecha tres de octubre del año dos mil nueve. Cabe indicar que las citadas resoluciones han sido impartidas por una Juez en el uso de sus atribuciones y reúnen los requisitos formales que exige la ley.
De igual forma la acusada ha aceptado que en su condición de Presidente de la Comisión Liquidadora de la Cooperativa de Servicios y Ahorros y Créditos San Pedro de Lambayeque desobedeció las citadas resoluciones y ha actuado en contra de ellas.
Por lo expuesto se ha configurado el tipo objetivo.
Con relación al tipo subjetivo la acusada ha aceptado que ha tenido conocimiento de las resoluciones judiciales antes señaladas, y que a pesar de ello desobedeció lo dispuesto en las mismas; por lo que se tiene que la procesada ha actuado con conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo.

5.2. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD.
Habiéndose establecido la tipicidad, objetiva y subjetiva, de la conducta del acusado, cabe examinar si esta acción típica, es contraria al ordenamiento jurídico, o si por el contrario se ha presentado una causa de justificación que la torna en permisible según nuestra normatividad.
La conducta de la acusada no encuentra causa de justificación prevista en el artículo veinte del Código Penal.

5.3. JUICIO DE IMPUTACIÓN PERSONAL
a. La inculpada tiene primaria completa.
b. Podía esperarse de la acusada conducta diferente a la que realizó, consistente cumplir con lo ordenado por la Juez del Juzgado Mixto.

SEIS: INDIVIDUALIZACION DE LA PENA
6.1. La pena abstracta establecido por el legislador para el hecho punible, es no menor de de seis meses ni mayor de dos años de pena privativa de la libertad. Debiendo entonces determinar judicialmente la pena concreta a imponer dentro del marco legal antes descrito, teniendo en cuenta básicamente para este efecto lo estipulado en el artículo 46 del Código Penal.
6.2. En este caso debe tenerse en cuenta la importancia de los deberes infringidos, toda vez que la acusada ha desobedecido una orden legalmente impartida por una Juez dentro de un proceso judicial.
6.3. El grado de instrucción de la acusada es de primaria completa y no cuenta con antecedentes penales.
6.4. En atención a lo anteriormente señalado, considero que aplicando el principio de proporcionalidad atendiendo a la gravedad del hecho punible cometido por la acusada principalmente por haber causado la muerte a la victima, teniendo en cuenta sus condiciones personales, y la predisposición a reparar el daño causado; la pena a imponerse es la solicitada por el Ministerio Publico, es decir, dos años de pena privativa de la libertad, la misma que debe ser suspendida en su ejecución, ya que la personalidad del agente hace prever que esta medida le impedirá cometer nuevo delito.
6.5. El Juzgador, además, considera que al haber la acusada aceptado los cargos, también resulta aplicable lo establecido como doctrinal legal en el acuerdo plenario No.5-2008/CJ-116, IV-Pleno jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial de la Corte Suprema, respecto a la reducción como máximo de un séptimo de la pena cuando el acusado se acoge a la conclusión anticipada; en consecuencia al haberse determinado que la pena a imponerse en el presente caso es dos años, debe efectuarse una reducción de tres meses y trece días.


SIETE: FUNDAMENTACION DE LA REPARACIÓN CIVIL.
Para establecer el monto de la reparación civil, se debe tener en cuenta el daño causado, en tal virtud, el Juzgador considera proporcional la reparación civil acordada respecto al daño causado.


Por éstas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos trescientos setenta y dos, trescientos noventa y cuatro y trescientos noventa y nueve del Código Procesal Penal, concordante con el articulo trescientos sesenta y ocho del Código Penal; Administrando Justicia a Nombre de la Nación.
FALLO: APRUEBO EL ACUERDO celebrado entre el Representante del Ministerio Público, el abogado defensor y la acusada, en consecuencia CONDENO A MARÍA LLONTOP DE BERNABE, cuyas generales de ley obran en la parte expositiva de la presente sentencia como autora del delito contra la Administración Pública, en su modalidad de Resistencia o desobediencia a la autoridad, en agravio del Estado, y como a tal LE IMPONGO UN AÑO, OCHO MESES Y DIECISIETE DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, SUSPENDIDA EN SU EJECUCION, por el periodo de un año; quedando sujeto al cumplimiento de las siguientes Reglas de Conducta: a) Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del Juez; b) No portar objetos que faciliten la comisión de otro delito; c) Presentarse en forma personal y obligatoria al local del Juzgado el ultimo día hábil de cada mes para informar, justificar sus actividades y firmar el libro de condenados; todo bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de alguna de las reglas de conducta impuestas de aplicársele cualquiera de las tres alternativas previstas por el artículo cincuenta y nueve del Código Penal. FIJESE en QUINIENTOS NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil, la misma que se tiene por cancelada. TENGASE por presentado el depósito judicial numero 2011030101704 por la suma QUINIENTOS NUEVOS SOLES, el mismo que debe ser endosado a la parte agraviada. Consentida o ejecutoriada la presente resolución. MANDO se INSCRIBA la sentencia donde corresponda y se REMITA los actuados al Juzgado de Investigación preparatoria para su ejecución. Notifíquese con arreglo a ley.








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