lunes, 11 de julio de 2011

SENTENCIA DICTADA EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA VALENTIN GRANADOS PAZ, PO REL DELITO DE FALSEDAD IDEOLOGICA

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL – LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE : 02192-2010-29-1708-JR-PE-01.
ESPECIALISTA : DENIS ANGULO DIAZ.
IMPUTADO : VALENTIN GRANADOS PAZ.
DELITO : CONTRA LA FE PÚBLICA.
AGRAVIADO : EL ESTADO.



SENTENCIA DE CONFORMIDAD


LAMBAYEQUE, ONCE DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL ONCE.-
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO.

VISTOS Y OIDA: La presente causa en audiencia pública:
1. IDENTIFICACION DEL PROCESADO :
VALENTIN GRANADOS PAZ, identificado con documento nacional de identidad numero 17598104, natural de Lambayeque, domiciliado en la calle Victoria N º 380 – Tucume, soltero, de cincuenta y dos años de edad, nacido el día dieciséis de Diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, hijo de don Concepción Granados Vélez y Juana Paz Piscoya, empleado, grado de instrucción: superior, no tiene tatuajes ni registra antecedentes penales.

2. PRETENSIÓN PUNITIVA:
Mediante acusación fiscal el Ministerio Público formalizó su pretensión punitiva, mediante la atribución de los hechos, calificación Jurídica y petición de pena que a continuación se indican:

2.1. Teoría del caso del Fiscal.-
El Fiscal denominó su teoría del caso “Doble identidad”
En el alegato preliminar el Fiscal manifestó que el día dos de Diciembre del año dos mil nueve, la RENIEC, a través de su Procuradora, formuló una denuncia contra José Luís Limo Serquen, por la presunta comisión del delito contra la Fe Publica, en su figura de falsedad documentaria, por cuanto dicha persona es titular de la inscripción numero 40120414, y posteriormente obtuvo de manera fraudulenta una segunda inscripción, la numero 44128226, en la cual se identifica como Víctor Manuel Oyama Medina, tal como se determinó en el informe de homologación monodactilar AFIS No. 0408-2008/DDG/GP/RENIEC, por lo que se procedió a cancelar la ultima inscripción.
Refiere el Fiscal que se ha determinado que para realizar la segunda inscripción señalada se utilizó la partida de nacimiento número trescientos dos, emitida por la Municipalidad Distrital de Tucume, la misma que fue suscrita por el Alcalde y el acusado Valentín Granados Paz.
Manifiesta el Fiscal que el acusado Valentía Granados Paz, en condición de Registrador Civil de la Municipalidad Distrital de Tucume, a sabiendas que conocía la verdadera identidad del su coprocesado insertó datos falsos en un documento público, para que éste pueda utilizarlo a fin de obtener un nuevo documento de identidad

2.2. Calificación jurídica.- El supuesto fáctico antes descrito ha sido calificado jurídicamente por la fiscalía como delito contra la fe publica, en su modalidad de falsedad ideológica, ilícito penal previsto en el artículo 428 del Código Penal.
2.3. PETICIÓN DE PENA El Ministerio Publico solicita por ello se le imponga a la acusado CUATRO años de pena privativa de libertad, en su condición de autor, y el pago de CIENTO OCHENTA días multa a favor del Estado.

3. PRETENSION CIVIL DE LA TERCERO CIVIL: La abogada de la RENIEC solicitó el pago de dos mil nuevos soles por concepto de reparación civil.
4. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA DEL ACUSADO.

4.1. Teoría del caso de la defensa. Por su parte, el abogado defensor alegó que su patrocinado firmó un pre acuerdo de terminación anticipada en la etapa preliminar, por lo que solicitó un receso a fin de conferenciar con el Fiscal, y llegar a un acuerdo respecto a la pena y reparación civil.
4.2. Posición del acusado. El señor Juez hizo conocer sus derechos al acusado y le preguntó si estaba de acuerdo con lo solicitado por su abogado defensor, a lo cual éste accedió, por lo que se dispuso un receso.
Reanudada la audiencia se le preguntó al acusado si admitía los cargos formulados por el Ministerio Publico en su contra, éste aceptó los cargos formulados por el fiscal.
Luego el Fiscal sustentó el acuerdo celebrado, el mismo que se fijó en los términos siguientes:

ACUERDO:
Se acordó una pena de cuatro años de pena privativa de la libertad; que debe ser reducida en un séptimo de la misma; en virtud del acuerdo plenario No.5-2008/CJ-116, IV-Pleno jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial de la Corte Suprema suspendida en su ejecución, por el periodo de prueba de dos años, con las reglas de conducta señaladas en el artículo cincuenta y ocho del Código Penal; la imposición de ciento ochenta días multa, inhabilitación por un año para que ejerza el cargo de Registrador Civil y el pago de dos mil nuevos soles por concepto de reparación civil (mil nuevos soles a favor de cada agraviado).
Se precisó que respecto a la pena de multa, esta debe ser calculada sobre el veinticinco por ciento del ingreso diario del acusado, el mismo que se calcula sobre el haber mensual que asciende a la suma de seiscientos cuarenta nuevos soles, por lo que el día multa asciende cinco nuevos soles con treinta céntimos.
Finalmente se acordó que el pago de la reparación civil se efectuara de la siguiente forma:
La reparación civil a favor de la RENIEC la cancelará en cinco cuotas mensuales de doscientos nuevos soles cada una, siendo sus fechas de pago los últimos días hábiles de los meses Julio a Noviembre del año en curso; y la reparación civil a favor de la Municipalidad Distrital de Tucume, en diez cuotas mensuales de cien nuevos soles cada una, cuyas fechas de pago serán los últimos días hábiles del periodo comprendido entre los meses de Diciembre del año en curso a Septiembre del próximo año.
El Juez comunicó la aprobación del acuerdo, y suspendió la audiencia para el once de Julio del año en curso, a las quince horas, a fin de dar lectura de la sentencia de conformidad, con las partes que asistan a dicha diligencia;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El delito contra la fe publica, en su modalidad de falsedad ideológica, previsto y sancionado en el artículo 428 del Código Penal, se configura cuando el agente “inserta o hace insertar, en instrumento publico, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de empelarlo como si la declaración fuera conforme a la verdad”.
SEGUNDO: El bien jurídico del delito antes referido es el correcto funcionamiento del trafico jurídico, el cual se ve afectado con la lesión o la puesta en peligro cuando se insertan documentos falsos al trafico jurídico; debiéndose entender como trafico jurídico al conjunto de condiciones que facilitan la comunicación entre los individuos y sus relaciones de derecho.
TERCERO: En el delito de falsedad ideológica: “La conducta típica recae exclusivamente, sobre el contenido de representación del documento sin que se modifique ni imiten para nada los signos de autenticidad; es decir, se trata de un documento cuya forma es verdadera, así como sus otorgantes, pero que contiene declaraciones falsas sobre hechos a cuya prueba está destinado.”
CUARTO: HECHOS: El hecho descrito por el Ministerio Público en su alegato inicial ha sido calificado por el Fiscal como delito de falsedad ideológica, supuesto que ha sido aceptado por el acusado con el asesoramiento de su abogado defensor, en forma libre y voluntaria, además se ha efectuado un acuerdo para que se le imponga tres años, seis meses y veintiséis días y reparación civil por el mencionado delito, por lo que no corresponde ejecutar actividad probatoria ni realizar valoración de prueba alguna en orden a la realidad de los hechos acusados y, por ende, debe tenerse tales hechos como realmente existentes y aceptados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 372 del Código Procesal Penal.
El hecho incriminado y aceptado por el acusado Valentía Granados Paz, en condición de Registrador Civil de la Municipalidad Distrital de Tucume, a sabiendas que conocía la verdadera identidad del su coprocesado insertó datos falsos en un documento público, para que éste pueda utilizarlo a fin de obtener un nuevo documento de identidad

QUINTO: JUICIO DE SUBSUNCION
Establecidos los hechos así como la normatividad jurídico penal pertinente, corresponde realizar el juicio de subsunción que abarca el juicio de tipicidad, juicio de antijuricidad y el juicio de imputación personal o verificación de culpabilidad.

5.1. JUICIO DE TIPICIDAD
El tipo objetivo del delito de falsedad ideológica consiste en “1) insertar o hacer insertar, en instrumento publico declaraciones falsas; 2) concernientes a un hecho que el documento debe probar, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad; 3) si de su uso puede resultar algún perjuicio”. Se trata, por tanto, de supuestos de falsedad del contenido del documento, circunscriptas a hechos que deban probarse con el documento, a declaraciones que, con carácter directo y principal, son el objeto concreto del contenido dotado de eficacia probatoria privilegiada.
Respecto al primer elemento se tiene que el Ministerio Publico ha sustentado su teoría del caso en la modalidad de insertar, lo cual debe entenderse como introducir, incluir o intercalar declaraciones falsas en el contenido de un documento público, y solo puede hacerlo el funcionario público o servidor público que está cumpliendo su función de autenticar el documento, o aquel que lo extiende. Pero, además, dado que se trata de documentos públicos, solo pueden ser protagonistas los que tienen el poder jurídico (competencia) para extenderlo. En el presente caso se ha determinado que el acusado en su calidad de Registrador Civil de la Municipalidad Distrital de Tucume insertó datos falsos en una partida de nacimiento.
Respecto al segundo elemento del tipo objetivo se requiere que el documento deba probar un hecho falso, según su específica finalidad jurídica, y asimismo, que sea oponible a terceros –se ha de tratar de manifestaciones destinadas a surtir efecto en el ámbito jurídico y que recoge una manifestación de voluntad y, de otro lado, estas deben importar una alteración de la verdad al incluir bajo el amparo de la fe pública un hecho no cierto. De esta exigencia resulta la distinción en falsedad esencial y no esencial en materia de falsedad ideológica. No toda declaración falsa incluida en el documento público es constitutiva de esta modalidad delictiva. La trascendencia penal de la inveracidad en la narración de los hechos ha de incidir sobre aspectos esenciales del documento, que tengan relevancia jurídica, bien aisladamente considerados, bien por su vinculación o interacción con el conjunto de lo documentado. En el presente caso la falsedad de los datos insertados por el acusado en una partida de nacimiento si resulta trascendente
La norma penal además exige que “de su uso” o cuando “el que hace uso” del documento como si el contenido fuera exacto, pueda resultar algún perjuicio –lo que debe apreciarse como una situación de peligro abstracto -. Esto último debe entenderse como la posibilidad de que mediante el empleo del documento cuestionado se vulnere algún otro bien, no necesariamente patrimonial, con tal de que esa situación de peligro sea derivada de la falsedad misma y del empleo del documento falso.
En el caso de autos se tiene que la partida de nacimiento que se elaboró con los datos falsos si tenía la tenía la aptitud de causar un perjuicio; para lo cual debe advertirse que en este tipo penal no se exige un efectivo perjuicio, sino sólo la posibilidad de causarlo. Así mismo debe señalarse que en los delitos contra la fe publica, cuyo bien jurídico es el correcto funcionamiento del trafico jurídico; en consecuencia se tiene que el sujeto pasivo de dicho delito resulta en primer término el Estado, y sólo en segundo lugar la persona natural la persona (natural o jurídica) titular del bien jurídico que pudo ser vulnerado con el uso del documento falso.
Respecto al elemento subjetivo del tipo, se tiene que éste exige que el acusado tenga pleno conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo; así como la voluntad de usar dicho documento; tal como ha sucedido en el presente proceso; hecho que se desprende por qué el acusado ha aceptado que insertó los datos de identidad de su co procesado a sabiendas que eran falsos.
5.2. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD.
Habiéndose establecido la tipicidad, objetiva y subjetiva, de la conducta del acusado, cabe examinar si esta acción típica, es contraria al ordenamiento jurídico, o si por el contrario se ha presentado una causa de justificación que la torna en permisible según nuestra normatividad.
La conducta del acusado no encuentra causa de justificación prevista en el artículo veinte del Código Penal.

5.3. JUICIO DE IMPUTACIÓN PERSONAL
a. El acusado tiene grado de instrucción superior; y por ende podía comprender el ilícito cometido.
b. Podía esperarse del acusado conducta diferente a la que realizó, consistente en abstenerse de insertar datos falsos en un documento publico.
c. La conducta no encuentra causa de inculpabilidad prevista en el artículo veinte del Código Penal.

SEXTO: INDIVIDUALIZACION DE LA PENA
6.1. La pena abstracta establecido por el legislador para el hecho punible, es no menor de 3 ni mayor de 6 y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. Debiendo entonces determinar judicialmente la pena concreta a imponer dentro del marco legal antes descrito, teniendo en cuenta básicamente para este efecto lo estipulado en el artículo 46 del Código Penal y que el documento objeto del delito es público.
6.2. El grado de instrucción del acusado es superior y cuenta con antecedentes penales.
6.3. Respecto a las circunstancias de los hechos materia de juzgamiento, también debe tenerse en cuenta que el procesado a sabiendas insertó datos falsos en un documento publico.
6.4. En atención a lo anteriormente señalado, considero que aplicando el principio de proporcionalidad atendiendo a la gravedad del hecho punible cometido por el acusado principalmente por haber insertado datos falsos en un documento publico, teniendo en cuenta sus condiciones personales y que éste cuenta con antecedentes penales, la pena a aplicarse es de cuatro años de pena privativa de la libertad, la misma que debe tener el carácter de suspendida; en virtud que concurren los requisitos exigidos en el artículo 57 del Código Penal, los cuales son: 1) Que la condena se refiera a pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años; 2) Que la naturaleza, modalidad del hecho punible y la personalidad del agente hiciera prever que esta medida le impedirá cometer nuevo delito; 3) Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. Respecto a este requisito debe señalarse que al acusado no se le ha impuesto una pena con el carácter de efectiva para ser considerado reincidente, además que los hechos materia de juzgamiento se cometieron con anterioridad a los que fueron objeto de la primera pena suspendida.
6.5. El Juzgador, además, considera que al haber el acusado aceptado los cargos, también resulta aplicable lo establecido como doctrinal legal en el acuerdo plenario No.5-2008/CJ-116, IV-Pleno jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial de la Corte Suprema, respecto a la reducción como máximo de un séptimo de la pena cuando el acusado se acoge a la conclusión anticipada; en consecuencia al haberse determinado que la pena a imponerse en el presente caso es cuatro años, debe efectuarse una reducción de cinco meses y cuatro días.

6.6. Respecto a la pena de los días multa, al haberse demostrado la responsabilidad penal del acusado y al ser considerada dicha pena como principal, debe aplicarse la misma, y a criterio del Juzgador resulta proporcional la pena solicitada por el Fiscal, es decir, el pago de ciento ochenta días multa.

6.7. Respecto a la pena de inhabilitación, el Juzgador considera que dicha pena accesoria se encuentra dentro de los criterios de proporcionalidad.

SEPTIMO: FUNDAMENTACION DE LA REPARACIÓN CIVIL.
El delito de falsedad ideológica es uno de peligro, ya que no se requiere un efectivo perjuicio, sino sólo la posibilidad de causarlo.
De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo plenario N º 06-2006/CJ-116 del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de la Republica “ En los delitos de peligro, desde luego, no cabe negar a priori la posibilidad de que surja responsabilidad civil, puesto que en ellos – sin perjuicio, según los casos, de efectivos daños generados en intereses individuales concretos – se produce una alteración del ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los casos, para ocasionar daños civiles, sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la norma penal – que, por lo general y que siempre sea así, es de carácter supra individual-. Esta delictiva alteración o perturbación del ordenamiento jurídico se debe procurar restablecer, así como los efectos que directa o casualmente ha ocasionado su comisión [el daño como consecuencia directa y necesaria del hecho delictivo]...”.
En el presente caso el Juzgador considera proporcional la suma acordada, respecto a la alteración del ordenamiento jurídico

Por éstas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y cuatro y trescientos noventa y nueve del Código Procesal Penal, concordante con el articulo cuatrocientos veintiocho del Código Penal; Administrando Justicia a Nombre de la Nación.
FALLO: APRUEBRO EL ACUERDO celebrado entre el acusado, abogado defensor y el Fiscal; en consecuencia CONDENO: A VALENTIN GRANADOS PAZ , cuyas generales de ley obran en la parte expositiva de la presente sentencia como autor del delito CONTRA LA FE PUBLICA, en su modalidad de FALSEDAD IDEOLOGICA, en agravio del Estado, representado por la RENIEC y la Municipalidad Distrital de Tucume y como a tal LE IMPONGO TRES AÑOS, SEIS MESES y VEINTISEIS DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCION, por el periodo de dos años; quedando sujeto al cumplimiento de las siguientes Reglas de Conducta: a) No ausentarse ni cambiar el lugar de su residencia sin autorización del Juez; b) No portar objetos que faciliten la comisión de otro delito; c) Presentarse en forma personal y obligatoria al local del Juzgado las veces que sea requerido para informar y justificar sus actividades, d) Reparar el daño causado; todo bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de alguna de las reglas de conducta impuestas de aplicársele cualquiera de las tres alternativas previstas por el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; y el pago de CIENTO OCHENTA DÍAS MULTA, a razón del veinticinco por ciento del ingreso diario del condenado; el cual se calcula en base al sueldo de éste (SEISCIENTOS CUARENTA NUEVOS SOLES); es decir, el valor del día multa asciende a CINCO NUEVOS SOLES CON TREINTA CENTIMOS; en consecuencia la multa total a cancelar asciende a NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO NUEVOS SOLES, la misma que debe ser cancelada en el plazo de diez días de pronunciada la sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Penal. FIJESE EN DOS MIL NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil, que el condenado deberá abonar en partes iguales, a favor de los agraviados. CONSENTIDA O EJECUTORIADA ORDENO que se INSCRIBA LA CONDENA donde corresponda y se remita todo lo actuado al Juzgado de Investigación Preparatoria para su ejecución. Notifíquese con arreglo a ley.





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